miércoles, 30 de junio de 2010

Una mujer musulmana en Coín es castigada por su marido a dormir en el suelo por ir a clase

Coín fue el primer municipio andaluz que ha prohibido el burka  pero ha vuelto a saltar a la polémica. Una mujer musulmana que lleva esta prenda en este municipio fue castigada por su marido por acudir a clases de integración impartidas por un varón. Por esto tuvo que dormir durante semanas en el suelo.


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Coín, primer municipio andaluz que prohíbe el burka
2010-06-30
Una mujer musulmana residente en el municipio malagueño de Coín ha sido castigada por su marido, también musulmán, por el simple hecho de ir a clase. Curiosamente esta localidad ha sido el primer andaluz que ha prohibido el uso del burka, justamente la prenda que esta mujer utiliza habitualmente.
Según informa ABC este martes, esta mujer empezó a acudir junto con otras musulmanas a las clases de un curso de integración, que incluía aprender español, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Coín.
Poco después algunas de estas mujeres, que utilizaban burka y niqab, dejaron de acudir a las clases alegando que eran impartidas por un hombre. Una de ellas ya no volvió, lo que extrañó a los responsables del curso. Por fin, algunas de estas mujeres confesaron por qué faltaba.
El verdadero motivo es que el esposo se había enterado de que las clases eran impartidas por un varón lo que le provocó tal enfado que le prohibió asistir y además la obligó a dormir en el suelo durante varias semanas.

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sábado, 26 de junio de 2010

La explotación laboral se implanta en la Costa del Sol con empresas de inmigrantes

Empresas creadas por inmigrantes explotan a trabajadores inmigrantes y españoles en regímenes cercanos a la esclavitud.

ATC.

    Según hemos podido comprobar personalmente, acudiendo a varias ofertas de trabajo que resultaron ser de empresas creadas por personas inmigrantes residentes en la Costa del Sol, sobre todo de ciudadanos de Europa del Este y sudamericanos, estas empresas están explotando, por no decir esclavizando, a sus trabajadores.
Aprovechando la necesidad de trabajar para tantos parados como existen en la Costa (sólo en Estepona la cifra se eleva a casi 10.000 desempleados) estos advenedizos "empresarios" publican ofertas de trabajo, sobre todo en la prensa inglesa de la Costa (especialmentve en SurInEnglish y Euroweekly News), ofertando puestos que no se ajustan a lo publicado y, por tanto, fraudulentos o engañosos. Generalmente suelen ser empresas de servicios en general y mantenimiento de jardines que adquieren la concesión por parte de la administración de algunas urbanizaciones de lujo, para lo cual contratan a personal, generalmente inmigrante, por tiempo parcial (cuatro horas diarias) pero que se ven obligados a trabajar durante ocho horas con sólo media hora al día para comer (incluído almuerzo y desayuno en un único descanso). A estos trabajadores, que realizan su labor al aire libre, se les prohíbe fumar y sentarse, aunque sea tras un duro esfuerzo, durante la jornada laboral. Estas jornadas laborales son especialmente duras porque, entre otras cosas, se les obliga a realizar labores peligrosas, sin los medios necesarios, para las que no están preparados y que, hasta la llegada de la crisis, realizaban empresas especializadas con los medios adecuados. Entre estas labores destaca la poda de palmeras o el desmoche y poda de especies arbóreas, especialmente pinar. Así, mientras sus jefes explotan a estos trabajadores, ellos residen en urbanizaciones de lujo situadas en campos de golf de Marbella, Estepona o Benahavís. De esta situación son responsables también los propios administradores de las urbanizaciones así como sus presidentes, normalmente extranjeros. Esta situación es especialmente grave en el municipio de Marbella, donde muchos de estos inmigrantes trabajan, además de sin contrato, con la promesa de que tal día serán contratados después de un período de pruebas en régimen de explotación. En la mayoría de los casos los españoles, los cuales tienen vetados el trabajo en estas empresas, se ven obligados a trabajar en las mismas condiciones si quieren acceder al puesto o, directamente, se les niega, ante la posibilidad de que acaben denunciándoles; mientras ven como trabajadores inmigrantes les quitan el puesto de trabajo ilegalmente sin que nadie, ni sindicatos ni administraciones públicas hagan nada para evitarlo.
Esta situación viene derivada de que, en muchos casos, las urbanizaciones, con la llegada de la crisis y la necesidad de reducir gastos, despiden a sus antiguos trabajadores y acceden a la contratación de estas empresas advenedizas con costos muy inferiores a los establecidos por sus servicios, debido a la explotación a la que someten a sus trabajadores, que además deben realizar labores que no son las propias de su cualificación profesional. Mientras los trabajadores que antes realizaban dichas funciones, generalmente españoles en condiciones dignas, han ido a engrosar las listas de paro.
Así es fácil ver como personas contratadas de jardineros, por su cualificación que han debido avalar por C.V., se ven obligados un día entero a la semana, si no quieren perder el trabajo, a limpiar las calles de la urbanización, como si hubieran sido contratados de barrenderos. Al margen de la propia y lógica limpieza del lugar que los jardineros realizan diariamente, dentro de sus funciones, tras ejecutar los trabajos de jardinería para los que, en teoría, han sido contratados.
Así, contratan a estos trabajadores por media jornada pero con el conocimiento de que habrán de echar jornada completa con sólo media hora para almuerzo o desayuno en un sólo descanso, tras las primeras cuatro horas de la jornada, por el sueldo de 1.000 euros, la mitad en negro, obligándoles a realizar trabajos de poda de palmeras o pinos y limpiezas de calles, incluídas en el sueldo a pesar de que el anuncio de la oferta iba dirigida a jardineros para mantenimiento de jardines; donde se omitían las verdaderas funciones que habrán de realizar, cuando, por ejemplo, las empresas especializadas en podas de palmeras cobran 300 euros por unidad en cada una de las podas que realizan.
De esta forma se ahorran y defraudan miles de euros que les sirven a ellos para enviar ingentes cantidades de dinero a sus países de origen, además de para vivir como verdaderos magnates en la Costa del Sol a base de la explotación laboral de sus empleados. Los directivos de estas empresas, suelen ser personas acostumbradas a vivir en un régimen ex-comunista como Polonia, Rumanía o Rusia; sin descartar también empresas creadas por sudamericanos quienes, acostumbrados a la anarquía y precariedad del mercado laboral en sus países de origen, están importando esos modelos a la España de la UE, ante la pasividad de gobiernos y sindicatos que deberían defender, ante todo en España, los derechos de los españoles.

La explotación del "filipino" en casas de alto standing de la Costa del Sol.

Echando la vista atrás, la explotación laboral no es nueva en la Costa del Sol. Desde mediados de la década de los 80 se han venido formando mafias de contratación de personal, generalmente filipino (así son conocidos genéricamente en la Costa, especialmetne en la zona conocida como "Milla de Oro", desde Puerto Banús hasta el Marbella Club y Puente Romano) en trabajos vetados para personal español, en el ámbito de los servicios domésticos para familias residentes de muy alto poder adquisitivo. Hasta esa fecha, estas labores habían sido también realizadas por personas españolas, sobre todo mujeres, en dignas condiciones de trabajo.
El régimen de trabajo de este colectivo en la Costa es casi de esclavitud, debiendo convivir con las familias donde ofrecen sus servicios, sin régimen laboral alguno establecido, en algunos casos sin contratos, y encargados de todas las tareas de la casa, generalmente enormes chalets, por sueldos de miseria durante las 24 horas del día. Realizando tareas de chófer, lava coches, jardineros, fontaneros, amas de casa, electricistas y "chico o chica para todo". Todo en uno, con el consiguiente ahorro y fraude económico-laboral y, por supuesto, con el consiguiente perjuicio para el mercado de trabajo local de los españoles en nuestro propio país.
El problema ahora es que tal concepto está instalándose, o se ha instalado ya, en casi todos los sectores laborales de esta privilegiada zona costera malagueña.

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martes, 1 de junio de 2010

Unicaja aumentó su participación en Iberdrola en otros 20 millones a pesar de la crisis de las Cajas

Las extrañas amistades de Galán para controlar Iberdrola
La caja malagueña ya ha fracasado en sus dos intentos de hacerse con dos entidades
El pasado junio fue la única entidad financiera que acudió a la ampliación de capital de la eléctrica
Junto a otras Cajas conforman un núcleo duro entorno al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán
Actualizado 1 junio 2010

extraconfidencial.com
Pinche en la foto para verla ampliada
Hace apenas una semana Unicaja volvió a fracasar en un nuevo intento de integración con una Caja de Ahorros. Si 14 meses antes fue Caja Castilla-La Mancha, en este caso el último fracaso fue Cajasur. Ambos fracasos se han cerrado con la intervención del Banco de España y la inyección de millones de euros, pagados por todos los españoles.

En todo este contexto la situación de las cajas de ahorro sigue siendo caótica, el FROB apremia por las integraciones rápidas y acorta su periodo de vigencia, organismos internacionales apuntan en el mismo sentido en tanto que las negociaciones se resumen en muchos casos en lucha de poder mientras la situación financiera de muchas ellas es caótica, con una morosidad que no hace más que crecer y una cartera llena de activos inmobiliarios de más que difícil salida.

Si la situación es especialmente delicada para muchas cajas medianas, lo es más aun para aquellas que financiaron con millones de euros desiertas urbanizaciones de costa. Eso no ha impedido a Unicaja en invertir millones de euros en la compañía eléctrica, que ni opera en su área natural y que por tanto ni entra en la categoría de estratégica.
Ampliación en solitario

En el mes de junio de 2009, ya en plena guerra con ACS, Ignacio Galán anunció una ampliación de capital sorpresa. Tras BBK y Bancaja, que tenían el 7% y el 6% de la compañía, respectivamente, Unicaja era la entidad financiera con más presencia en el accionariado de la eléctrica, la caja que llegó a tener cerca del 2% del capital había reducido hasta el 1,5% en el momento de la ampliación. Pero a diferencia de estas, que en medio de los tumultos financieros decidieron no acudir, la caja andaluza destinó otros 20 millones de euros para no diluirse, siendo la excepción entre la docena de entidades que existen en el capital de Iberdrola, en hacerlo.

La ampliación, bajo la modalidad express, fue anunciada por sorpresa el día 16 de junio. Se ejecutó en apenas unas horas el día 17. Iberdrola colocó un importe efectivo de 1.325 millones de euros (más que el cupo mínimo de 1.250 millones inicialmente preestablecido, pero menos que el tope de 1.500 millones que se había marcado la compañía).
Galán apoyándose en la cajas para asegurarse el poder

Esta fue la antepenúltima acción de Ignacio Galán para continuar perpetuándose en su puesto. La última, atacar a su máximo competidor Florentino Pérez comprando un paquete accionarial de ACS y pedir impugnar las cuentas de la constructora.

Pero lo llamativo de la ampliación es que lo hizo en plena crisis bancaria y los 20 millones que podían suponer en otros tiempos una cifra modesta, supone una cantidad más que importante.

Así, Sánchez Galán se ha apoyado en las cajas para crear un núcleo estable en Iberdrola, mientras que estas se apoyan en todos los ciudadanos.

Por su reducida morosidad y sólida solvencia, Unicaja es en estos momentos una de las cajas mejor posicionadas dentro de la delicada situación que vive el sector financiero en España. No hay que olvidar que el Banco de España siempre ha mirado con especial recelo las participaciones industriales y más en la coyuntura actual.

Además de Unicaja, BBK y Bancaja, también se consideran partícipes de ese núcleo entidades como Caja Extremadura, Caja Murcia, Caja Vital, e incluso la intervenida Caja Castilla-La Mancha.
También participaciones públicas

Pero como ya denunció extraconfidencial.com también empresas públicas realizaron compras de acciones de Iberdrola, financiado preferencialmente por una caja de ahorros. Este es el caso de la empresa pública navarra SODEMA que compró un 1% de sus acciones por un valor de 173 millones de euros financiado por un crédito sindicado de 120 millones liderado por Caja Navarra, también presidida por el presidente navarro Pedro Sanz, en la que participaron BBK, Cajastur, Caixa Galicia, Caixa de Aforros de Vigo, Ourense y Pontevedra, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y la Caja de Ahorros de Canarias.

Una compra en la que por fechas se sabe que no se realizó en el mercado libre dado el volumen de acciones compradas, y lo peor, la compañía de Ignacio Galán ni informó de esta compra en la CNMV.

Todo vale por mantenerse en el poder.

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